El Ministerio Público recibió la
denuncia de torturas a los campesinos equivocadamente detenidos por el caso
Curuguaty, pero actúa con pereza y falta de interés para hacer justicia, dice
el abogado penalista Juan Martens, de la Coordinadora de Derechos Humanos del
Paraguay (CODEHUPY).
La denuncia de torturas a los
campesinos detenidos erróneamente por el caso Curuguaty fue hecha a la unidad
de Derechos Humanos del Ministerio Público, a cargo de la abogada fiscal Nancy
Carolina Duarte. Esta unidad solicitó a los denunciantes mayor detalle de lo
sucedido, lo que el abogado Juan
Martens, de la Codehupy, calificó de pereza o falta de interés.
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| Abog. Juan Martens, de la Codehupy |
La fiscalía debería adquirir por oficio
mayor información, planteó el abogado durante el programa Redpública, por Radio
Nacional. Considera que el caso no debe
quedar impune, pues la violencia de parte de los policías es una herencia
cultural que debe ser desterrada.
Con respecto a los dos campesinos
liberados el pasado miércoles, Miguel Correa (20 años) y Marcelo Trinidad (57
años), mencionó Martens que aún se encuentran en estado de shock emocional,
pero que cuando se recuperen deben presentarse a la fiscalía a prestar
declaraciones para que se agilicen las investigaciones y se pueda imputar a los
efectivos policiales responsables de los actos de violencia hacia ellos.
Según denunciaron los campesinos,
durante un mes y desde el día de su captura, fueron violentados física y
psicológicamente. Entre otras cosas, los policías les apuntaban con armas de
fuego y constantemente los amenazaban de muerte, diariamente los sacaban del
calabozo, los hacían acostar y los pisoteaban.
“Nosotros tenemos en nuestra cultura
histórica la tendencia a justificar el accionar violento de las autoridades. Es
una herencia y Stroessner es la causa, por cómo manejó el Estado, el sistema
educativo, el acceso a la función pública y a la policía nacional”, finalizó el
abogado Martens.
SF/RyM
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